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Derecho

¿Qué encontrarás en esta guía?

En esta guía se contrará una referencia al Derecho de la Unión Europea anteriormente conocido como Derecho comunitario o de las Comunidades Europeas) es como el conjunto de normas y principios que determinan el funcionamiento, corporación y competencias de la Unión Europea. Se caracteriza por tratarse de un orden jurídico sui generis, diferenciado del Derecho internacional así como del orden jurídico interno de los países miembros. Su mecánica se engloba bajo una categoría propia denominada sistema comunitario o comunitarismo.

 

Su nombre anterior derivaba de las Comunidades Europeas (CE), creadas en los años cincuenta (Comunidad Europea del Carbón y del Acero, Comunidad Económica Europea y Comunidad Europea de la Energía Atómica). Con el Tratado de la Unión Europea (TUE, más conocido como Tratado de Maastricht), de 1992, estas tres Comunidades quedan englobadas dentro de la Unión Europea. Tras la última reforma del TUE, operada por el Tratado de Lisboa, se sustituye el adjetivo «comunitario» por la perífrasis «de la Unión Europea», ya que la Comunidad Europea desaparece.

 

El Derecho de la Unión Europea es el fundamento jurídico necesario de todo el sistema político comunitario europeo.

DERECHO

El Derecho emanado de las instituciones comunitarias en ejercicio de su poder normativo prevalece sobre el Derecho nacional. Este carácter de supremacía se fundamenta en la cesión del ejercicio de la soberanía que los Estados miembro realizan en favor de las instituciones europeas. Tal cesión sólo tiene sentido dotando de superioridad jerárquica a la norma comunitaria en materias de su competencia. Algunos autores interpretan la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el sentido de que la norma comunitaria primaría incluso sobre aquellas normas nacionales de rango constitucional.1 Hay que señalar que esta primacía no deroga las normas nacionales que son contrarias a las de la Unión, sino que las «desplaza»; esto es, las normas nacionales contrarias a las europeas dejan de aplicarse, pero no desaparecen.

 

La primacía del ordenamiento comunitario es de aplicación obligatoria por parte del poder judicial. La característica no se garantiza a través de un mandato al ejecutivo o al legislativo, sino que tal y como señaló el Tribunal de Justicia de la UE, es el juez competente en una materia determinada quien está obligado a «aplicar íntegramente el Derecho comunitario y proteger los derechos que éste confiere a los particulares, dejando sin aplicación toda disposición eventualmente contraria de la ley nacional anterior o posterior a la regla comunitaria»

 

DERECHO ORIGINARIO: LOS TRATADOS DE LA UNIÓN EUROPEA

 

El Derecho originario es aquel contenido en los diversos tratados que los Estados miembros suscriben, siendo las fuentes de mayor rango, y aquellas que posibilitan la aparición del Derecho derivado, que está sometido al originario. El Derecho derivado no sólo cederá en caso de contradicción con el originario, sino que además debe estar fundamentado y originado en los diferentes Tratados que lo componen.

 

 

Dentro de la categoría de tratados fundacionales, se incluyen todas las normas contenidas en el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (mientras existió), el Tratado de la Comunidad Económica Europea y el Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

 

Tratados modificativos y complementarios. Se incluyen en esta categoría los tratados que, a lo largo del tiempo, han ido modificando las disposiciones fundacionales. Los más importantes son: el Tratado de fusión, el Acta Única Europea, el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Ámsterdam el Tratado de Niza y el Tratado de Lisboa. Finalmente se consideran los Tratados Vigentes que son el Tratado de la Unión versión Lisboa y el Tratado de Funcionamiento de la Unión.

 

También se incluyen en esta categoría los Tratados de adhesión de cada uno de los Estados que se han ido adhiriendo a las Comunidades Europeas, puesto que alteran los Tratados fundacionales al menos en lo que se refiere a la constitución de las instituciones comunitarias.

 

Declaración de 9 de mayo de 1950

 

Esta declaración fue realizada por Jean Monnet y su equipo de colaboradores y se presentó ante el Consejo de Ministros de Francia y ante los medios por Robert Schuman, Ministro francés de Asuntos Exteriores. En ella proponía la creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero cuyos miembros pondrían en común la producción de carbón y de acero.

 

La CECA (formada en su origen por Francia, Alemania Occidental, Italia, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo) fue la primera de una serie de instituciones supranacionales que se convertirían en lo que es hoy la Unión Europea.

 

Contexto histórico

 

En 1950, cinco años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, las naciones europeas todavía estaban luchando para superar sus estragos.

 

Los gobiernos europeos, decididos a evitar otra terrible contienda, llegaron a la conclusión de que, poniendo en común la producción de carbón y acero, la guerra entre Francia y Alemania, rivales históricos, resultaría —en los términos de la declaración— "no sólo impensable, sino materialmente imposible". Se pensó, acertadamente, que la fusión de los intereses económicos contribuiría a aumentar el nivel de vida y constituiría el primer paso hacia una Europa más unida. La adhesión a la CECA estaba abierta a otros países.

 

Citas clave

 

"La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan."

"Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho."

"La puesta en común de las producciones de carbón y de acero (...) cambiará el destino de esas regiones, que durante tanto tiempo se han dedicado a la fabricación de armas, de las que ellas mismas han sido las primeras víctimas."

 

TEXTO ÍNTEGRO

 

La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan.

 

La contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento de unas relaciones pacíficas. Francia, defensora desde hace más de veinte años de una Europa unida, ha tenido siempre como objetivo esencial servir a la paz. Europa no se construyó y hubo la guerra.

 

Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. La agrupación de las naciones europeas exige que la oposición secular entre Francia y Alemania quede superada, por lo que la acción emprendida debe afectar en primer lugar a Francia y Alemania.

 

Con este fin, el Gobierno francés propone actuar de inmediato sobre un punto limitado, pero decisivo.

 

El Gobierno francés propone que se someta el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y de acero a una Alta Autoridad común, en una organización abierta a los demás países de Europa.

 

La puesta en común de las producciones de carbón y de acero garantizará inmediatamente la creación de bases comunes de desarrollo económico, primera etapa de la federación europea, y cambiará el destino de esas regiones, que durante tanto tiempo se han dedicado a la fabricación de armas, de las que ellas mismas han sido las primeras víctimas.

 

La solidaridad de producción que así se cree pondrá de manifiesto que cualquier guerra entre Francia y Alemania no sólo resulta impensable, sino materialmente imposible. La creación de esa potente unidad de producción, abierta a todos los países que deseen participar en ella, proporcionará a todos los países a los que agrupe los elementos fundamentales de la producción industrial en las mismas condiciones y sentará los cimientos reales de su unificación económica.

 

Dicha producción se ofrecerá a todo el mundo sin distinción ni exclusión, para contribuir al aumento del nivel de vida y al progreso de las obras de paz. Europa podrá, con mayores medios, proseguir la realización de una de sus tareas esenciales: el desarrollo del continente africano. De este modo, se llevará a cabo la fusión de intereses indispensables para la creación de una comunidad económica y se introducirá el fermento de una comunidad más amplia y más profunda entre países que durante tanto tiempo se han enfrentado en divisiones sangrientas.

 

Mediante la puesta en común de las producciones básicas y la creación de una Alta Autoridad de nuevo cuño, cuyas decisiones obligarán a Francia, Alemania y los países que se adhieran, esta propuesta sentará las primeras bases concretas de una federación europea indispensable para la preservación de la paz.

 

Para proseguir la realización de tales objetivos, el Gobierno francés está dispuesto a iniciar negociaciones según las siguientes bases.

 

La misión encomendada a la Alta Autoridad común consistirá en garantizar, en el plazo más breve posible, la modernización de la producción y la mejora de su calidad; el suministro, en condiciones idénticas, del carbón y del acero en el mercado francés y en el mercado alemán, así como en los de los países adherentes; el desarrollo de la exportación común hacia los demás países; la equiparación y mejora de las condiciones de vida de los trabajadores de esas industrias.

 

Para alcanzar estos objetivos a partir de las dispares condiciones en que se encuentran actualmente las producciones de los países adherentes, deberán aplicarse con carácter transitorio determinadas disposiciones que establezcan la aplicación de un plan de producción y de inversiones, la creación de mecanismos de estabilidad de los precios y la creación de un fondo de reconversión que facilite la racionalización de la producción. La circulación del carbón y del acero entre los países adherentes quedará liberada inmediatamente de cualquier derecho de aduanas y no podrá verse afectada por tarifas de transporte diferenciales. Progresivamente se irán estableciendo las condiciones que garanticen espontáneamente una distribución más racional de la producción y el nivel de productividad más elevado.

 

La organización proyectada, al contrario que un cártel internacional tendente a la distribución y a la explotación de los mercados mediante prácticas restrictivas y el mantenimiento de grandes beneficios, garantizará la fusión de los mercados y la expansión de la producción.

 

Los principios y compromisos esenciales anteriormente expuestos serán objeto de un tratado firmado entre los Estados. Las negociaciones indispensables para precisar las normas de aplicación se llevarán a cabo con ayuda de un árbitro designado de común acuerdo, cuya misión consistirá en velar por que los acuerdos se ajusten a los principios y, en caso de desacuerdo insalvable, decidirá la solución que deba adoptarse.

 

La Alta Autoridad común, encargada del funcionamiento de todo el sistema, estará compuesta por personalidades independientes designadas sobre bases paritarias por los Gobiernos, quienes elegirán de común acuerdo un presidente. Las decisiones de la Alta Autoridad serán ejecutivas en Francia, en Alemania y en los demás países adherentes. Se adoptarán las disposiciones adecuadas para garantizar las vías de recurso necesarias contra las decisiones de la Alta Autoridad.

 

Un representante de las Naciones Unidas ante dicha autoridad se encargará de hacer, dos veces al año, un informe público a la ONU sobre el funcionamiento del nuevo organismo, en particular por lo que se refiere a la salvaguardia de sus fines pacíficos.

 

La creación de la Alta Autoridad no prejuzga en absoluto el régimen de propiedad de las empresas. En el ejercicio de su misión, la Alta Autoridad común tendrá en cuenta las facultades otorgadas a la autoridad internacional del Ruhr y las obligaciones de todo tipo impuestas a Alemania, mientras éstas subsistan.

 

TRATADO CECA

 

El objetivo de este Tratado es contribuir, gracias al mercado común del carbón y el acero, a la expansión económica, al desarrollo del empleo y a la mejora del nivel de vida, tal y como se afirma en el artículo dos del Tratado. Las instituciones deben velar por el abastecimiento regular del mercado común garantizando un acceso equitativo a los medios de producción, velando por el establecimiento de los precios más bajos y por la mejora de las condiciones laborales. A todo ello debe unirse el desarrollo de los intercambios internacionales y la modernización de la producción.

 

De cara al establecimiento del mercado común, el Tratado instaura la libre circulación de productos, sin derechos de aduana ni impuestos. Prohíbe las medidas o prácticas discriminatorias, las subvenciones, las ayudas o las cargas especiales del Estado y las prácticas restrictivas.

 

El Tratado se divide en cuatro títulos. El primero se refiere a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el segundo a las instituciones de la Comunidad, el tercero a las disposiciones económicas y sociales y el cuarto a las disposiciones generales. Incluye también dos protocolos, uno sobre el Tribunal de Justicia y otro sobre las relaciones de la CECA con el Consejo de Europa. Incluye también un convenio que recoge las disposiciones transitorias y que se refiere a la aplicación del Tratado, a las relaciones con los terceros países y a las medidas generales de protección.

 

El Tratado CECA está en el origen de las instituciones tal y como hoy las conocemos. Establece una Alta Autoridad, una Asamblea, un Consejo de Ministros y un Tribunal de Justicia. Se dota a la Comunidad de personalidad jurídica.

 

La Alta Autoridad es un órgano ejecutivo, colegiado e independiente, y su tarea es garantizar la realización de los objetivos fijados por el Tratado y actuar en el interés general de la Comunidad. Está formada por nueve miembros (no más de dos por nacionalidad) nombrados por seis años. Se trata de una verdadera instancia supranacional dotada de un poder de decisión. Vela por la modernización de la producción y por la mejora de su calidad, por el suministro de productos en condiciones idénticas, por el desarrollo de la exportación común y por la mejora de las condiciones de trabajo en las industrias del carbón y del acero. La Alta Autoridad adopta decisiones, formula recomendaciones y emite dictámenes y cuenta con la asistencia de un Comité Consultivo compuesto de representantes de los productores, los trabajadores, los consumidores y los comerciantes.

 

La Asamblea está formada por 78 diputados, delegados de los Parlamentos nacionales. El número de escaños es de 18 para Alemania, Francia e Italia, 10 para Bélgica y los Países Bajos y 4 para Luxemburgo. El Tratado confiere a esta Asamblea un poder de control.

 

El Consejo comprende a seis representantes delegados de los Gobiernos nacionales. Todos los miembros se suceden en la presidencia del Consejo por un periodo de tres meses. La función del Consejo es armonizar la actuación de la Alta Autoridad y la política económica general de los Gobiernos. Las decisiones importantes adoptadas por la Alta Autoridad necesitan su dictamen favorable.

 

El Tribunal de Justicia está formado por siete jueces nombrados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros por seis años. Garantiza el respeto del derecho en la interpretación y la aplicación del Tratado.

 

El Tratado prevé la intervención de la Alta Autoridad sobre la base de la información que las empresas están obligadas a suministrarle y sobre las previsiones para la producción de acero y carbón. Para alcanzar sus objetivos, la CECA dispone de medios de información y poderes de consulta y de comprobación. En caso de que las empresas no se sometan a esos poderes, la Alta Autoridad dispone de medios de sanción, como las multas (máximo del 1 % de la cifra de negocios anual) y las multas coercitivas (5 % del volumen de negocios diario medio por día de retraso).

 

Sobre la base de esta información, se hacen algunas previsiones para orientar la acción de los interesados y determinar la actuación de la CECA. La CECA realiza por su parte estudios sobre la evolución de los precios y los mercados para completar la información recibida de las empresas y asociaciones.

 

La financiación de la CECA se hace a partir de exacciones sobre la producción de carbón y acero y contrayendo empréstitos. Las exacciones deben servir para cubrir los gastos administrativos, subvencionar la reconversión y financiar la investigación técnica y económica, que debe fomentarse. Los empréstitos solo pueden utilizarse para conceder préstamos.

 

Por lo que se refiere a la inversión, al margen de los préstamos, la CECA puede también conceder su garantía a los empréstitos concluidos por las empresas con terceros. Por otra parte, la CECA dispone de un poder de orientación sobre las inversiones que no financia.

 

Por lo que se refiere a la producción, la CECA desempeña principalmente un papel indirecto, subsidiario, a través de la cooperación con los Gobiernos y las intervenciones en materia de precios y de política comercial. Sin embargo, en caso de reducción de la demanda o escasez de la oferta, puede intervenir directamente, imponiendo cuotas para una limitación organizada de la producción o, en caso de escasez, fijando las prioridades de utilización, la distribución de los recursos y las exportaciones en los programas de fabricación.

 

En materia de fijación de los precios, el Tratado prohíbe las discriminaciones ejercidas en función del precio, la competencia desleal y las prácticas discriminatorias que consisten en aplicar condiciones desiguales a transacciones comparables. Estas normas son también válidas en el ámbito del transporte.

 

Además, en algunas circunstancias, como los casos de crisis manifiesta, la Alta Autoridad puede fijar los precios, máximos o mínimos, dentro de la Comunidad o los aplicados en las transacciones con el exterior.

 

En aras del respeto a la libre competencia, la Alta Autoridad debe ser informada de todas las acciones de los Estados miembros que puedan afectar a la misma. Además el Tratado aborda de forma específica los tres casos que pueden falsear la competencia: los acuerdos, las concentraciones y los abusos de posición dominante. Los acuerdos o asociaciones de empresas, pueden ser cancelados por la Alta Autoridad si impiden, limitan o falsean directa o indirectamente el juego de la competencia.

 

Los salarios y los movimientos de mano de obra se abordan en otro capítulo del Tratado. Aunque los salarios siguen siendo competencia nacional, la Alta Autoridad puede intervenir en caso de salarios anormalmente bajos y de reducciones salariales, bajo determinadas condiciones especificadas por el Tratado.

 

La Alta Autoridad puede conceder ayudas financieras a programas cuyo objetivo sea atenuar los efectos negativos de los avances técnicos introducidos en la industria sobre el empleo (indemnizaciones, subsidios y rehabilitación profesional).

 

Por lo que se refiere a la movilidad de la mano de obra cualificada, el Tratado obliga a los Estados a eliminar las restricciones al empleo por motivos de nacionalidad. Para el resto de las categorías de trabajadores, y en caso de escasez de este tipo de mano de obra, los Estados deben efectuar las modificaciones necesarias en el ámbito de la inmigración para facilitar la contratación de trabajadores de otras nacionalidades.

 

El Tratado aborda también la política comercial de la CECA con los terceros países. Si bien prevalece la competencia nacional en este ámbito, la Comunidad dispone de algunas prerrogativas, como la fijación de los tipos máximos y mínimos de los derechos de aduana, el control de la concesión de licencias de exportación e importación o el derecho a ser informada sobre los acuerdos comerciales de los sectores del carbón y del acero.

 

Por otro lado, existe un ámbito en el que la competencia de la Alta Autoridad es predominante. Se trata de los casos de dumping, de la utilización de medios de competencia contrarios al Tratado por parte de empresas no sometidas a la jurisdicción de la Comunidad o de un incremento importante de las importaciones que pueda poner en peligro la producción comunitaria.

 

TRATADO CEE

 

Tras el fracaso de la CED, el consenso acerca de la cooperación supranacional se limitará al ámbito económico, menos sujeto que otros a las resistencias nacionales. Con la instauración de la CEE y la creación del mercado común se pretenden dos objetivos. El primero consiste en la transformación de las condiciones económicas de los intercambios y de la producción en el territorio de la Comunidad. El segundo, de carácter más político, ve en la CEE una contribución a la construcción funcional de la Europa política y un paso hacia una unificación más amplia de Europa.

 

En el preámbulo, los signatarios del Tratado declaran: «-estar resueltos a sentar las bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos, - estar decididos a asegurar mediante una acción común, el progreso económico y social de sus respectivos países, eliminando las barreras que dividen Europa, - tener como fin esencial de sus esfuerzos la constante mejora de las condiciones de vida y de trabajo de sus pueblos, reconocer que la eliminación de los obstáculos existentes exige una acción concertada para garantizar un desarrollo económico estable, un intercambio comercial equilibrado y una competencia leal, - desear reforzar la unidad de sus economías y asegurar su desarrollo armonioso, reduciendo las diferencias entre las diversas regiones y el retraso de las menos favorecidas,- desear contribuir, mediante una política comercial común, a la progresiva supresión de las restricciones a los intercambios internacionales, - pretender reforzar la solidaridad de Europa con los países de ultramar y asegurar el desarrollo de su prosperidad, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, - estar resueltos a consolidar (…) la defensa de la paz y la libertad invitando a los demás pueblos de Europa que participan de dicho ideal a asociarse a su esfuerzo…».

 

Estas intenciones se tradujeron en concreto en la creación de un mercado común, de una unión aduanera y en el desarrollo de políticas comunes.

El Tratado CEE prevé la creación de un mercado común, de una unión aduanera y de políticas comunes. Los artículos 2 y 3 del Tratado abordan directamente estos tres temas. Precisan que la misión principal de la Comunidad consiste en la creación de un mercado común y enumeran las acciones que ésta deberá emprender para cumplir su mandato.

 

El artículo 2 del Tratado CEE precisa que: «La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común y la aproximación progresiva de las políticas de los Estados miembros, un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un desarrollo continuo y equilibrado, una mayor estabilidad, una creciente elevación del nivel de vida y un estrechamiento de las relaciones entre los Estados miembros».

 

Este mercado común se basa en las famosas "cuatro libertades" que son la libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales.

Establece un espacio económico unificado que instaura la libre competencia entre las empresas. Sienta las bases para una aproximación de las condiciones del comercio de productos y servicios, excepto los ya cubiertos por los otros Tratados (CECA y Euratom).

 

El artículo 8 del Tratado CEE prevé que la realización del mercado común se llevará a cabo durante un período transitorio de 12 años, dividido en tres etapas de cuatro años cada una. Se asigna a cada etapa una serie de acciones que deberán emprenderse y realizarse conjuntamente. A reserva de las excepciones o derogaciones previstas por el Tratado, el fin del período transitorio marca la entrada en vigor de todas las normas relativas al establecimiento del mercado común.

 

Puesto que el mercado está basado en el principio de la libre competencia, el Tratado prohíbe los acuerdos entre empresas y las ayudas estatales (salvo las excepciones previstas por el Tratado) que puedan afectar al comercio entre Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, limitar o falsear la competencia. Por último, se asocia a los países y territorios de ultramar al mercado común y a la unión aduanera, con el fin de promover los intercambios y proseguir juntos el esfuerzo de desarrollo económico y social.

 

El Tratado CEE suprime los derechos de aduana entre los Estados y los contingentes para las mercancías que intercambian.

Establece un arancel aduanero exterior común, a modo de frontera exterior para los productos de los Estados terceros, que substituye a los aranceles precedentes de los distintos Estados. Esta unión aduanera se acompaña de una política comercial común que, aplicada a nivel comunitario en vez de estatal, diferencia completamente a la unión aduanera de una simple asociación de libre comercio.

 

Los efectos del desmantelamiento aduanero y de la supresión de las restricciones cuantitativas aplicadas a los intercambios durante el período transitorio son muy positivos y permiten al comercio intracomunitario y a los intercambios de la CEE con terceros países desarrollarse considerablemente.

Algunas políticas están previstas formalmente por el Tratado, como la política agrícola común (artículo 38 a 47), la política comercial común (artículos 110 a 116) y la política común de transportes (artículo 74 a 84).

 

Otras pueden lanzarse en función de las necesidades, como precisa el artículo 235 que estipula que: « Cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para lograr, en el funcionamiento del mercado común, uno de los objetivos de la Comunidad, sin que el presente Tratado haya previsto los poderes de acción necesarios al respecto, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará las disposiciones pertinentes».

 

El desarrollo de estas políticas se acompaña de la creación del Fondo Social Europeo, dirigido a mejorar las posibilidades de empleo de los trabajadores y el aumento de su nivel de vida, así como de la creación de un Banco Europeo de Inversiones, destinado a facilitar la expansión económica de la Comunidad a través del establecimiento de nuevos recursos.

 

TRATADO EURATOM

 

La creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en julio de 1952 constituye el primer gran paso hacia la Europa supranacional. Por primera vez los seis Estados miembros de esta organización renunciaron, si bien es cierto que en un área restringida, a una parte de su soberanía en favor de la Comunidad. No pasó mucho tiempo antes de que este primer esfuerzo de integración conociera sus límites, con el fracaso de la Comunidad Europea de Defensa (CED) en 1954.

 

En un momento en el que parecía que el esfuerzo materializado en la CECA no tendría una proyección de futuro, la Conferencia de Mesina, de junio de 1955, intentó poner de nuevo en marcha el proceso de integración europea. A ella siguió una serie de reuniones de ministros y de expertos, y a principios de 1956 se formó un comité preparatorio encargado de elaborar un informe sobre la creación de un mercado común europeo. Dicho comité, reunido en Bruselas bajo la presidencia de P. H. Spaak, por entonces Ministro belga de Asuntos Exteriores, presentó en abril de 1956 dos proyectos que respondían a las dos opciones apoyadas por los Estados: la creación de un mercado común generalizado; la creación de una comunidad de la energía atómica.

 

En marzo de 1957 se firmaron en Roma los famosos «Tratados de Roma». El primero establecía una Comunidad Económica Europea (CEE) y el segundo una Comunidad Europea de la Energía Atómica, más conocida con el nombre de Euratom. Ambos fueron ratificados sin problemas por los Estados nacionales y entraron en vigor a partir del 1 de enero de 1958.

 

En cuanto al Tratado Euratom, para combatir el déficit generalizado de energía «tradicional» de los años cincuenta, los seis Estados fundadores (Alemania, Bélgica, Francia, Italia Luxemburgo y Países Bajos) trataron de obtener la independencia energética por medio del recurso a la energía nuclear. Dado que los costes de las inversiones necesarias para el desarrollo de esta energía superaban las posibilidades de cada país por separado, los Estados fundadores se unieron para crear Euratom.

 

De un modo general, el Tratado tiene como objetivo contribuir a la formación y al crecimiento de las industrias nucleares europeas, conseguir que todos los Estados miembros saquen partido del desarrollo de la energía atómica y garantizar la seguridad de abastecimiento. Al mismo tiempo, el Tratado garantiza un elevado nivel de seguridad para la población y evita el desvío a fines militares de materiales nucleares destinados en principio a usos civiles. Es importante señalar que Euratom solo tiene competencias en el ámbito de la energía nuclear civil y pacífica.

 

El objetivo del Tratado Euratom es la puesta en común de las industrias nucleares de los Estados miembros. En este contexto, sólo se aplica a algunos sujetos (los Estados miembros, las personas físicas y las empresas o instituciones de derecho público o privado) que ejercen todas o parte de sus actividades en un ámbito regulado por el Tratado, a saber: los materiales fisionables especiales, los materiales básicos y los minerales de los que se extraen los materiales básicos.

 

ACTA ÚNICA EUROPEA

 

El primero objetivo del AUE consiste en reactivar el proceso de construcción europea con el fin de completar la realización del mercado interior. Ahora bien, esto parecía difícilmente realizable sobre la base de los Tratados existentes debido, en particular, al proceso de toma de decisiones en el Consejo que para la armonización de las legislaciones imponía el recurso a la unanimidad.

 

Esta es la razón por la cual la Conferencia Intergubernamental que logró el AUE tenía un doble mandato. Se trataba de concluir por una parte, un Tratado en materia de Política Exterior y Seguridad Común y, por otra, un acto que modificara el Tratado CEE, en particular, en lo relativo a: el procedimiento de toma de decisión en el Consejo, las competencias de la Comisión, las competencias del Parlamento Europeo, la ampliación de las competencias de las Comunidades.

 

El Acta consta de un preámbulo, cuatro títulos y contiene una serie de declaraciones adoptadas por la Conferencia. El Preámbulo ilustra los objetivos fundamentales del Tratado y expresa la voluntad de los Estados miembros de transformar el conjunto de sus relaciones con vistas a la instauración de una Unión Europea. En el Preámbulo también se establece el carácter único del Acta, que agrupa las disposiciones comunes a la cooperación en materia de Política Exterior y a las Comunidades Europeas. Por último, destaca los dos objetivos de la revisión de los Tratados, a saber, «mejorar la situación económica y social mediante la profundización de las políticas comunes y la prosecución de nuevos objetivos» y «asegurar un mejor funcionamiento de las Comunidades».

 

El Título I contiene las disposiciones comunes a la Cooperación Política y a las Comunidades Europeas. El Título II se consagra a las modificaciones de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y el Título III a la cooperación europea en materia de política exterior. El Título IV se refiere a las disposiciones generales y finales. Para facilitar la realización del mercado interior, el Acta prevé un aumento del número de casos en los que el Consejo puede decidir por mayorí cualificada en vez de por unanimidad. Ello hace que la aprobación de las decisiones sea más fácil evitando los bloqueos inherentes a la búsqueda de un acuerdo unánime de los Doce Estados miembros. Deja de requerirse la unanimidad para las medidas destinadas al establecimiento del mercado interior a excepción de las medidas relativas a la fiscalidad, la libre circulación de personas y los derechos e intereses de los trabajadores por cuenta ajena.

 

El AUE instituye el Consejo Europeo que oficializa las conferencias o cumbres de los Jefes de Estado y de Gobierno. Sin embargo, no se precisan las competencias de este órgano. El Consejo Europeo no tiene poderes de decisión, ni poderes coercitivos respecto a las otras Instituciones.

 

Los poderes del Parlamento quedaron reforzados por la introducción de la exigencia de un dictamen favorable del Parlamento en la celebración de un Acuerdo de Asociación. Además, el Acta instituye el procedimiento de cooperación que refuerza la situación del Parlamento Europeo en el diálogo interinstitucional, dándole la posibilidad de una doble lectura de la legislación propuesta. Con todo, el ámbito de aplicación de este procedimiento permanece limitado a los casos en los que el Consejo decide por mayoría cualificada, a excepción del ámbito de medio ambiente.

 

El Acta aclara las disposiciones existentes relativas a los poderes de ejecución. El artículo 10 modifica el artículo 145 del Tratado CEE al prever que, como norma general, el Consejo confiera a la Comisión las competencias de ejecución de los actos. El Consejo sólo puede reservarse la competencia de ejecución en casos específicos. El AUE sienta las bases para la creación del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Todos los asuntos pueden transferirse a este tribunal a excepción de los asuntos prejudiciales sometidos por los Estados miembros o por las Instituciones así como las cuestiones prejudiciales.

 

En cuanto en las competencias: El artículo 8A define muy claramente el objetivo del Acta que es establecer progresivamente el mercado interior en el transcurso de un período que concluye el 31 de diciembre de 1992. El mercado interior se define como «un espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones del presente Tratado».Por lo que se refiere a la capacidad monetaria, el Acta no permite la aplicación de una nueva política, sino que procede a la inserción de disposiciones sobre la capacidad monetaria. La convergencia de las políticas económicas y monetarias se sitúa ya en el marco de las competencias existentes. La política social ya está regulada por el Tratado CEE, pero el Acta introduce dos nuevos artículos en este ámbito. El artículo 118A del Tratado CEE autoriza al Consejo, decidiendo por mayoría cualificada en el marco del procedimiento de cooperación, a establecer las condiciones mínimas para promover «la mejora…del medio de trabajo, para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores ». El artículo 118B del Tratado CEE asigna a la Comisión la tarea de desarrollar el diálogo social a nivel europeo. El Acta aplica una política comunitaria de cohesión económica y social para contrarrestar los efectos sobre los Estados miembros con menor nivel de desarrollo de la realización del mercado interior y para reducir las divergencias de desarrollo entre las regiones. La intervención comunitaria se realiza a través del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Respecto a la investigación y al desarrollo técnico, el artículo 130F del Tratado CEE tiene como objetivo «fortalecer las bases científicas y tecnológicas de su industria y favorecer el desarrollo de su competitividad internacional». Para ello, el Acta prevé la aplicación de programas marco plurianuales adoptados por el Consejo por unanimidad. La preocupación relativa a la protección del medio ambiente a escala comunitaria ya estaba presente en el Tratado de Roma. Hay tres nuevos artículos (artículos 130R, 130S y 130T del Tratado CEE) que permiten a la Comunidad «la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, la protección de la salud de las personas y la utilización prudente y racional de los recursos naturales». Se precisa que la Comunidad únicamente intervendrá en materia de medio ambiente cuando esta acción pueda realizarse mejor a escala comunitaria que en los Estados miembros (subsidiariedad).

 

El artículo 30 prevé que los Estados miembros se esfuercen en formular y aplicar una Política Exterior Común Europea. Para ello, se comprometen a consultarse sobre las cuestiones de Política Exterior que pudieran tener un interés para la seguridad de los Estados miembros. La Presidencia del Consejo es responsable en este ámbito de la iniciativa, la coordinación y la representación de los Estados miembros frente a países terceros.

 

TRATADO DE MAASTRICHT

 

El Tratado de la Unión Europea (TUE), firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. Este Tratado es el resultado de elementos externos e internos. A nivel externo, el hundimiento del comunismo en Europa del Este y la perspectiva de la reunificación alemana dieron lugar al compromiso de reforzar la posición internacional de la Comunidad. A nivel interno, los Estados miembros deseaban prolongar los progresos realizados por el Acta Única Europea a través de otras reformas.

 

Estos elementos condujeron a la convocatoria de dos Conferencias Intergubernamentales, una para la UEM y otra para la unión política. El Consejo Europeo de Hannover de 27 y 28 de junio de 1988 confió a un grupo de expertos presidido por Jacques Delors la tarea de preparar un informe que proponía las etapas concretas que llevarían a la unión económica. El Consejo Europeo de Dublín de 28 de abril de 1990, sobre la base de un memorándum belga sobre la reactivación institucional y de una iniciativa francoalemana que instaba a los Estados miembros a estudiar la aceleración de la construcción política de Europa, decidió examinar la necesidad de modificar el Tratado CE para progresar en la vía de la integración europea.Finalmente, será en el Consejo Europeo de Roma de 14 y 15 de diciembre de 1990, donde se lanzarán las dos Conferencias Intergubernamentales. Un año después, sus trabajos dieron lugar a la Cumbre de Maastricht de 9 y 10 de diciembre de 1991.

 

Con el Tratado de Maastricht, el objetivo económico original de la Comunidad, es decir, la realización de un mercado común, queda ampliamente superado y la vocación política claramente expresada. En este marco, el Tratado de Maastricht responde a cinco objetivos esenciales: refuerzo de la legitimidad democrática de las instituciones, mejora de la eficacia de las instituciones, instauración de una unión económica y monetaria, desarrollo de la dimensión social de la Comunidad, institución de una política exterior y de seguridad común.

 

El Tratado presenta una estructura compleja. Tras el Preámbulo siguen siete títulos. El Título I contiene las disposiciones comunes a las Comunidades, a la política exterior común y a la cooperación judicial. El Título II contiene las disposiciones que modifican el Tratado CEE y los Títulos III y IV modifican los Tratados CECA y EURATOM respectivamente. El título V introduce las disposiciones relativas a la política exterior y de seguridad común (PESC). El Título VI contiene las disposiciones sobre cooperación en los ámbitos de Justicia y Asuntos de Interior (JAI). Las disposiciones finales están recogidas en el Título VII.

 

El Tratado de Maastricht crea la Unión Europea, la cual está formada por tres pilares: las Comunidades Europeas, la política exterior y de seguridad común y la cooperación policial y judicial en materia penal. El primer pilar está constituido por la Comunidad Europea, por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y por Euratom y se refiere a los ámbitos en los cuales los Estados miembros ejercen conjuntamente su soberanía a través de las instituciones comunitarias. A él se aplica el proceso denominado del método comunitario, es decir, propuesta de la Comisión Europea, adopción por el Consejo y el Parlamento Europeo y control del respeto del Derecho comunitario por el Tribunal de Justicia. El segundo pilar instaura la política exterior y de seguridad común (PESC) prevista en el Título V del Tratado de la Unión Europea, lo que sustituye a las disposiciones contenidas en el Acta Única Europea y permite a los Estados miembros emprender acciones comunes en materia de política exterior. Este pilar cuenta con un proceso de toma de decisiones intergubernamental, que recurre con frecuencia a la unanimidad. El papel de la Comisión y del Parlamento es modesto y la jurisdicción del Tribunal de Justicia no es de aplicación en este ámbito. El tercer pilar se refiere a la cooperación en los ámbitos de justicia y asuntos de interior (JAI) prevista en el Título VI del Tratado de la Unión Europea. Se espera de la Unión que realice una acción conjunta para ofrecer a los ciudadanos un elevado nivel de protección en un espacio de libertad, seguridad y justicia. El proceso de toma de decisiones es también intergubernamental.

 

En la prolongación del Acta Única Europea, el papel del Parlamento Europeo se ve aún incrementado por el Tratado de Maastricht. El ámbito de aplicación del procedimiento de cooperación y el procedimiento del dictamen conforme se amplía a nuevos ámbitos. Además, el Tratado crea un nuevo procedimiento de codecisión, que permite al Parlamento Europeo adoptar actos conjuntamente con el Consejo. Este procedimiento implica contactos reforzados entre el Parlamento y el Consejo para llegar a un acuerdo. Además, el Tratado asocia al Parlamento con el procedimiento de investidura de la Comisión. Se reconoce el papel de los partidos políticos europeos en la integración europea. Contribuyen a la formación de una conciencia europea y a la expresión de la voluntad política de los ciudadanos europeos. En cuanto a la Comisión, la duración de su mandato se amplia de cuatro a cinco años para igualarlo al del Parlamento Europeo.

 

Como el Acta Única, este Tratado amplía el recurso al voto por mayoría cualificada en el Consejo para la mayoría de las decisiones que dependen del procedimiento de codecisión y para todas las decisiones adoptadas según el procedimiento de cooperación.

 

Para reconocer la importancia de la dimensión regional, el Tratado instituye el Comité de las Regiones. Compuesto de representantes de las colectividades regionales, este Comité tiene carácter consultivo.

 

El Tratado instaura políticas comunitarias en seis nuevos ámbitos: redes transeuropeas, política industrial, protección del consumidor, educación y formación profesional, juventud y cultura. El mercado único queda concluido con la instauración de la UEM. La política económica consta de tres elementos. Los Estados miembros deben garantizar la coordinación de sus políticas económicas, instaurar una vigilancia multilateral de esta coordinación y quedar sometidos a normas de disciplina financiera y presupuestaria. El objetivo de la política monetaria consiste en instaurar una moneda única y garantizar su estabilidad mediante la estabilidad de los precios y el respeto de la economía de mercado.

 

El Tratado prevé el establecimiento de una moneda única en tres etapas sucesivas: La primera etapa, que liberaliza la circulación de capitales, comienza el 1 de julio de 1990. La segunda etapa comienza el 1 de enero de 1994 y permite la convergencia de las políticas económicas de los Estados miembros.

La tercera etapa debe comenzar a más tardar el 1 de enero de 1999 con la creación de una moneda única y de un Banco Central Europeo (BCE). La política monetaria descansa en el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), constituido por el BCE y los Bancos centrales nacionales. Estas instituciones son independientes de las autoridades políticas nacionales y comunitarias.

 

Existen disposiciones especiales para dos Estados miembros. El Reino Unido no asumió el compromiso de pasar a la tercera etapa de la UEM. Dinamarca obtuvo un protocolo en el que se disponía que un referéndum decidirá su grado de compromiso en la tercera etapa.

 

TRATADO DE AMSTERDAM

 

El tratado de Ámsterdam fue un acuerdo firmado el 2 de octubre de 1997 en la ciudad neerlandesa de Ámsterdam. Entró en vigor el 1 de mayo de 1999, tras haber sido ratificado por todos los Estados miembros de la Unión Europea, pasando a convertirse en la nueva normativa legal de la Unión Europea, tras revisar el tratado de Maastricht.

 

Su objetivo fundamental era el de crear un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia común. Hizo énfasis en varios aspectos fundamentales: empleo, libre circulación de ciudadanos, justicia, política exterior y de seguridad común, y reforma institucional para afrontar el ingreso de nuevos miembros. Estos asuntos habían quedado pendientes en Maastricht.

 

En 1997 nace Europol, la policía europea, que empezará a funcionar en 2004. En 1997 también se crea la figura de "Mister PESC", el ministro de Exteriores de la Unión. En ese mismo año se incrementa el control del Parlamento sobre la Comisión. Mediante el tratado de Ámsterdam, se estableció la libre circulación de personas en el territorio de la UE, procedentes de sus Estados Miembros (acuerdo de Schengen).

 

TRATADO DE NIZA

 

El Tratado de Niza fue un tratado celebrado por el Consejo Europeo entre los días 7 y 9 de diciembre de 2000 y firmado el 26 de febrero de 2001, para modificar los Tratados vigentes. Entró en vigor el 1 de febrero de 2003 tras haber sido ratificado por los 15 Estados miembros según lo previsto en sus respectivas normativas constitucionales. El proceso de ratificación se extendió hasta 2002. El propósito primario del Tratado de Niza era reformar la estructura institucional para afrontar la ampliación de la Unión Europea, una tarea que tendría que haber llevado a cabo la Conferencia Intergubernamental del Tratado de Ámsterdam, que sin embargo no pudo resolver en casi ningún punto.

 

El Tratado adoptado por el Consejo Europeo de Niza fue criticado por muchos. Alemania había exigido tener mayor peso en el voto a causa de su mayor población, a lo cual se opuso Francia que insistió que en que se mantuviera la tradicional paridad entre Francia y Alemania. Una propuesta que habría simplificado mucho el sistema actual hubiera sido la de introducir la doble mayoría de Estados miembros y población para reemplazar el sistema actual de mayoría cualificada, a lo cual también se opuso Francia por razones similares. Finalmente se alcanzó un compromiso que consistía en una doble mayoría de Estados Miembros y votos. Además un Estado miembro podría solicitar opcionalmente que se verificase que los países de voto afirmativo representaban una proporción suficiente de la población de la Unión.

 

Entre otras reformas institucionales se encuentran las siguientes: El Tratado estableció que se aumentase el número de escaños en el Parlamento Europeo hasta alcanzar los 732, lo que excedía lo dispuesto en el Tratado de Ámsterdam. La cuestión de la reducción del tamaño de la Comisión Europea se resolvió con una escapatoria, ya que el Tratado estableció que una vez que el número de Estados miembros alcanzase los 27, el número de comisarios nombrados en la siguiente Comisión sería reducido por debajo de los 27 por el Consejo, sin llegar a especificar cómo se realizaría esa reducción. Como medida transitoria especifica que después del 1 de enero de 2005, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y España renunciarían a su segundo comisario. El Tratado establecía la creación de tribunales subsidiarios de rango inferior al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Primera Instancia para las áreas jurídicas de especial interés como la de patentes. El Tratado de Niza creó nuevas normas para regular una colaboración más estrecha, ya que considera inaplicables las normas introducidas en el Tratado de Ámsterdam y destacó que estas normas todavía no han sido empleadas. El Tratado también estableció disposiciones sobre las consecuencias financieras de la expiración del Tratado de París o de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.

 

Se consideró que el Tratado de Niza no había tratado la cuestión básica de la reforma institucional, ya que las instituciones de la Unión Europea seguían siendo demasiado complejas, por lo que en Niza se acordó el establecimiento de la Convención Europea que conduciría a una Conferencia Intergubernamental en 2004.

 

La Comisión y el Parlamento Europeo mostraron su decepción por el hecho de que la Conferencia Intergubernamental de Niza no adoptó muchas de sus propuestas en lo que respecta a la reforma de la estructura institucional o la introducción de nuevos poderes, como el nombramiento del Fiscal Europeo. El Parlamento Europeo amenazó con aprobar una resolución contra el Tratado, aunque no tiene capacidad formal de veto. Además el Parlamento Italiano amenazó con no ratificarlo, si el Tratado no contaba con el apoyo del Parlamento Europeo. Sin embargo, nada de esto llegó a suceder y el Parlamento Europeo aprobó el Tratado.

 

Muchos argumentan que la estructura de pilares, que se mantuvo en el Tratado, es demasiado complicada, que los diferentes tratados deberían fusionarse en uno, que las tres (ahora dos) personalidades legales de las Comunidades deberían fusionarse y que la Comunidad Europea y la Unión Europea deberían fusionarse en una única Unión Europea con una única personalidad jurídica. Las regiones alemanas también demandaron una separación de poderes clara entre la Unión y los Estados miembros.

 

Por otra parte, el Tratado de Niza tampoco incorpora la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ya que este aspecto también quedó para la Conferencia Intergubernamental de 2004 tras la oposición del Reino Unido.

 

TRATADO DE LISBOA

 

El Tratado de Lisboa, firmado por los representantes de todos los estados miembros de la Unión Europea (UE) en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 es el que sustituye a la Constitución para Europa tras el fracasado tratado constitucional de 2004. Con este tratado, la UE tiene personalidad jurídica propia para firmar acuerdos internacionales a nivel comunitario.

 

Se diseñó para mejorar el funcionamiento de la Unión Europea (UE) mediante la modificación del Tratado de la Unión Europea (Maastricht) y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Roma). Algunas de las reformas más importantes que introduce el Tratado de Lisboa son la reducción de las posibilidades de estancamiento en el Consejo de la Unión Europea mediante el voto por mayoría cualificada, un Parlamento Europeo con mayor peso mediante la extensión del procedimiento de decisión conjunta con el Consejo de la UE, la eliminación de los tres pilares de la Unión Europea, y la creación de las figuras de Presidente del Consejo Europeo y Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad para dotar de una mayor coherencia y continuidad a las políticas de la UE. El Tratado de Lisboa también hace que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sea vinculante jurídicamente.

 

Las negociaciones para lograr esta reforma de la UE se han venido desarrollando desde el año 2001 con el fallido intento de creación de una Constitución Europea.4 El Tratado se firmó en Lisboa (dado que Portugal ostentaba la Presidencia del Consejo de la UE a la sazón), y habría sido ratificado por todos los Estados miembro para finales de 2008, a tiempo para las Elecciones al Parlamento Europeo de 2009. Sin embargo, esto no fue posible debido al rechazo inicial del Tratado por parte del electorado de Irlanda en junio de 2008, por lo que el texto no entró en vigor hasta el 1 de diciembre de 2009.

 

Algunos detractores del texto aseguran que este promociona la desregulación del mercado y no favorece la intervención del Estado para lograr objetivos sociales así como por ser, en esencia, el mismo tratado que fue rechazado por Francia y Holanda en 2004, la Constitución Europea. Por su parte, algunos partidarios del tratado consideran que hará a la UE más eficaz y democrática.

El título formal del texto es Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

 

TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA

 

El Tratado de la Unión Europea versión Lisboa contiene la actualización del Tratado de la Unión Europea de Maastrich modificado por los Tratados de Amsterdam y Niza y finalmente por el Tratado de Lisboa. Este Tratado contiene los principios y valores, las funciones de la Unión Europea, las Instituciones de la Unión Europea, la Política Exterior de Seguridad y Defensa, la entrada y salida de la Unión y otros importantes referencias como la personalidad jurídica de la Unión y las cooperaciones reforzadas.

 

TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA

 

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) es uno de los cuatro documentos que configuran la constitución material de la Unión Europea, junto con el Tratado de la Unión Europea (TUE), el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Tratado Euratom) y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDF).

 

Es el texto en que se contiene con mayor detalle el marco jurídico en que se desarrollan las distintas políticas y acciones de la Unión en todos sus ámbitos y los principios constitucionales que los rigen, con excepción de la política exterior y de seguridad común y de su política común de seguridad y defensa, excepcionalmente ubicadas en el TUE. Se trata, por lo tanto, de las políticas tradicionalmente ubicadas en el antiguo tercer pilar, las que no siguen pautas intergubernamentales sino el método comunitario clásico. Aunque el TFUE tiene el mismo rango jurídico que el TUE, es lo cierto que su más pormenorizado contenido, que es en gran medida desarrollo de las disposiciones constitucionales contenidas en el TUE, hacen que sus propias cláusulas remitan en numerosas ocasiones al marco de las disposiciones generales contenidas en éste último, por lo que de facto es precisamente el TUE el que con frecuencia se considera el texto más propiamente constitucional de todos. El título mismo del TFUE parece apuntar en este mismo sentido complementario al TUE. Ello no obstante, son precisamente estas características y su mayor especialización los que hacen que este tratado tenga una aplicación práctica mucho más frecuente y visible.

 

CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA

 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es un documento que contiene provisiones de derechos humanos y fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea el 7 de diciembre de 2000 en Niza. Una versión adaptada de la Carta fue proclamada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, antes de la firma del Tratado de Lisboa; una vez ratificado este, hace la Carta legalmente vinculante para todos los países con excepciones para Polonia y el Reino Unido. La versión actualizada de la Carta fue firmada por el presidente del Parlamento Europeo Hans-Gert Poettering, el presidente de la Comisión Europea José Manuel Barroso y el primer ministro portugués José Sócrates, presidente del Consejo de la Unión Europea en ese entonces.

 

La carta no forma parte del Tratado de Lisboa (estaba previsto que formara parte de la Constitución Europea, pero al no aprobarse esta, se modificó la previsión), pero por la remisión en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea tras la reforma de Lisboa se hace vinculante para todos los estados, excepto los dos citados.

En 2009, el Consejo Europeo aseguró a la República Checa que en la siguiente reforma del Tratado, esa cláusula de excepción se extendiese también a este país.

 

Además de la Carta propiamente dicha, la Convención que la elaboró redactó también unas «Explicaciones» que detallan el origen de cada precepto, y sirven como guía para la interpretación de la misma.

 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea , se estructura en dos partes: un Preámbulo introductorio, y siete Títulos que recogen los cincuenta y cuatro artículos que integran la Carta. El último de esos títulos contiene las disposiciones generales y cada título trata sobre un derecho. Cada título se divide, a su vez, en artículos que desarrollan cada uno de esos derechos. Así, por ejemplo, el Título I trata de la dignidad de la persona y los diversos artículos que la desarrollan, pronunciándose sobre la dignidad humana, el derecho a la vida, el derecho a la integridad de la persona, etc. Desde el punto de vista del contenido, la Carta se divide en seis títulos, dedicando cada uno de ellos a un derecho civil, político, económico o social de los cuales son titulares todos y cada uno de los ciudadanos europeos. La mayoría de los derechos también corresponden a todas las personas que viven en el territorio de la Unión; sin embargo, el ejercicio de algunos están reservados a los ciudadanos europeos, como el voto al Parlamento Europeo. Dichos derechos fundamentales son la dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia.

 

Por primera vez, se han reunido en un único documento todos los derechos que hasta ahora se repartían en distintos instrumentos legislativos como las legislaciones nacionales y los convenios internacionales del Consejo de Europa[6], de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo. Al dar visibilidad y claridad a los derechos fundamentales, la Carta contribuye a desarrollar el concepto de ciudadanía de la Unión, así como a crear un espacio de libertad, seguridad y justicia. La Carta refuerza la seguridad jurídica por lo que se refiere a la protección de los derechos fundamentales, protección que desde 1969 se garantizaba mediante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y con la actual redacción del Artículo 6 del Tratado de la Unión Europea

 

DERECHO DERIVADO

 

Los REGLAMENTOS son normas jurídicas emanadas de las instituciones europeas que poseen efecto directo en los países miembros, y que prevalecen sobre el Derecho nacional de cada uno de ellos. Existen cuatro procedimientos para la aprobación de reglamentos. En primer lugar, el reglamento será adoptado por el Consejo a propuesta de la Comisión y con la aprobación del Parlamento.

 

Por otro lado, la Comisión podrá dictar reglamentos por su iniciativa propia en los casos previstos por los Tratados, así como cuando reciba la correspondiente delegación del Consejo para tal emisión reglamentaria. Con el nacimiento del Tratado de la Unión Europea, se introducirían dos nuevos procedimientos (procedimiento de cooperación y procedimiento de codecisión) en los que el Parlamento pasa a tener un papel fundamental como colegislador, junto con el propio Consejo.

En función de su objeto y su modalidad de adopción, los reglamentos pueden clasificarse en: Reglamentos autónomos: También conocidos como autosuficientes, suelen ser adoptados por el Consejo. Reglamentos marco: Adoptados por el Consejo, facultan a la Comisión para emitir reglamentos de aplicación o ejecución. Reglamentos de la Comisión: Algún Tratado declara competente a la Comisión para emitir un determinado tipo de reglamento.

 

Las DIRECTIVAS comunitarias son mandatos dirigidos a uno o varios países miembro, siendo competentes para su emisión el Consejo; la Comisión; y el Consejo junto con el Parlamento. Su rasgo más característico es la ausencia de eficacia directa en los Ordenamientos a los que va dirigida, necesitando de una transposición por parte del Estado miembro para que entren en vigor y hagan nacer en los ciudadanos derechos y obligaciones.

De esta manera, la directiva contiene unos objetivos que los estados habrán de cumplir usando los medios del Derecho interno, dentro del plazo indicado. Así, cuando versen sobre materias con reserva de ley, será el Parlamento Nacional el que haya de dictar una ley que haga posible cumplir lo prevista en la directiva del Parlamento Europeo. Cuando se trate de una materia de ámbito reglamentario, ésta será reglada por normas de ese rango.

 

DECISIONES. Son más limitadas porque, aún teniendo carácter obligatorio, no suelen tener carácter general, sino que se dirigen a destinatarios precisos. Se pueden comparar con los actos administrativos en el ámbito interno.

 

Actos convencionales.  Convenios en aplicación de una disposición de los Tratados. Convenios no previstos en tratados, pero de objeto ligado a su ejecución. Decisiones de los representantes en el Consejo. Acuerdos entre la UE y terceros Estados.

 

 

Principios generales del Derecho comunitario. Reglas no escritas pero aceptadas por los sistemas jurídicos de los miembros. Ayudan a superar los problemas del derecho escrito. Se trata, entre otros, de los principios de proporcionalidad, solidaridad, equilibrio institucional, no discriminación. Algunos de estos principios, no escritos en los inicios, han ido apareciendo posteriormente en documentos comunitarios o se han ido definiendo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

 

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Surge del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es una fuente formal muy importante ya que ayuda a cubrir lagunas del derecho comunitario. Es importante destacar que también los tribunales ordinarios van creando jurisprudencia al aplicar derecho comunitario, aunque la interpretación del Derecho comunitario es prerrogativa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es por ello que está prevista la cuestión prejudicial por parte de los tribunales ordinarios de los Estados miembros.

 

Fuentes no obligatorias

 

Dictámenes. Son actos que el artículo. 288 del TFUE caracteriza como no vinculantes. Se integran en el marco de un proceso decisorio ,expresando un juicio o valoración por parte de una institución. Tal como afirma Florentino Ruiz Ruiz (Ilustre profesor de derecho Comunitario en la Universidad de Burgos) ,"se presume que , a pesar de su no vinculancia, un Estado miembro o un particular (sujeto de Derecho) que actúa conforme a lo que dice la recomendación, actúa correctamente".

 

Recomendaciones. No son de obligado cumplimiento, suele proceder de la iniciativa de una institución comunitaria y es una invitación para actuar de una determinada manera, el dictamen suele ser emitido a consecuencia de una iniciativa externa.

 

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