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¿Qué encontrarás en esta guía?

Lenguas de la Unión Europea

 

Las lenguas de la Unión Europea son las lenguas oficiales de esa organización en las que están redactados sus Tratados y que se usan también como lenguas de trabajo. Las lenguas oficiales de la Unión Europea son veinticuatro, un número inferior al de Estados miembros, ya que varios de éstos comparten idiomas.

 

La política lingüística de la Unión Europea es animar a todos sus ciudadanos a ser capaces de hablar dos lenguas además de su lengua materna. Varios programas que la Unión Europea financian activamente promueven el estudio de lenguas, así como la diversidad lingüística; pero la Unión Europea ha limitado su influencia en esta área, puesto que cada Estado miembro es responsable de su sistema educativo.

 

OTRAS MATERIAS

 

Lenguas Oficiales de la Unión Europea

 

El número de Estados miembros sobrepasa el número de lenguas oficiales, esto se debe principalmente a que varias lenguas se hablan en más de un país. A modo de ejemplo, el neerlandés es oficial en los Países Bajos y Bélgica; el francés, en Francia, Bélgica y Luxemburgo; y el griego, en Grecia y Chipre. El alemán, por su parte, es oficial en Alemania, Austria, Luxemburgo y Bélgica. El inglés es oficial en el Reino Unido y mayoritario en Irlanda; y el sueco, en Suecia y Finlandia.

 

Además, también se debe a que no todas las lenguas oficiales han sido reconocidas como lenguas oficiales en la UE. Este es el caso del idioma luxemburgués, lengua oficial de Luxemburgo desde 1984 y al caso del turco, lengua nacional de Chipre.

 

Todas las lenguas oficiales de la UE son, asimismo, lenguas de trabajo. Los documentos que un Estado miembro o una persona sujeta a la jurisdicción de un Estado miembro envía a las instituciones de la Comunidad pueden estar escritos en cualquier lengua oficial de la UE. La respuesta será en la lengua en la que el documento fue enviado. Las regulaciones y otros documentos de importancia general, como el Diario Oficial de la Unión Europea, están escritos en todas las lenguas oficiales. Por ejemplo, durante la presidencia de Finlandia en 1999 y 2006 se publicaron textos en latín, en el boletín de noticias semanal. La legislación y los documentos de mayor importancia pública son redactados en las 23 lenguas oficiales, aunque esto sólo se da pocas veces.

 

El coste de mantener esta política multilingüística, esto es, las traducciones e interpretaciones, es de 1.123 millones de euros, lo que supone un 1% del presupuesto de la UE.1 Este hecho supone que cada habitante de la Unión Europea paga 2,55 euros al año.

 

Maltés

A pesar de que el maltés es un idioma oficial, el Consejo estableció un período transitorio de tres años, del 1 de mayo de 2004, durante el cual las instituciones no estaban obligados a redactar todos los actos en maltés.3 Se acordó que el Consejo podría extender este período de transición por un año más, pero decidió no hacerlo.4 Todos los nuevos actos de las instituciones debían ser aprobados y publicados en maltés desde el 30 de abril de 2007.

 

Irlandés

Cuando Irlanda se unió a la CEE (actual Unión Europea) en 1973, al irlandés se le concedió el estatus de "lengua del tratado". Esto significaba que la Tratado de la UE se refirmó en irlandés. El irlandés fue incluido también en dicho Tratado, y todos los posteriores Tratados de la UE como una auténtica lengua en los Tratados.5 Como lengua oficial, el irlandés es un idioma de procedimiento del Tribunal Europeo de Justicia6 También es posible dirigirse de forma escrita en irlandés a las instituciones de la UE.

 

Sin embargo, a pesar de ser el primer idioma oficial de la República de Irlanda y de haber sido catalogado como lengua minoritaria en la región de Irlanda del Norte, el irlandés no se hizo una lengua oficial de trabajo de la Unión Europea hasta el 01 de enero de 2007. En esa fecha un Reglamento del Consejo Irlandés de la UE entró en vigor para hacerla una lengua oficial de trabajo.7 Esto siguió a una decisión unánime el 13 de junio de 2005, por cancilleres de la UE para que el irlandés se convirtiera en el idioma oficial 21º de la UE.8 Sin embargo, una excepción estipula que no todos los documentos deben ser traducidos al irlandés, como es el caso de los demás idiomas oficiales.Con el nuevo Reglamento se entiende que la legislación aprobada tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo de Ministros estipula que la traducción al irlandés, y la interpretación del irlandés estarán disponibles en las sesiones plenarias del Parlamento Europeo y en algunas reuniones del Consejo. El costo de los servicios de traducción, interpretación, publicación y actos jurídicos implicados en la toma de la lengua oficial de Irlanda en la UE se estima en poco menos de 3,5 millones € al año. La excepción sería revisada después de cuatro años y posteriormente cada cinco años.

 

El irlandés es el único idioma oficial de la Unión que no es la lengua más hablada en ningún Estado miembro. De acuerdo con las cifras del censo de 2006 de Irlanda, hay 1,66 millones de personas con alguna capacidad de hablar irlandés en Irlanda, de una población total de 4,24 millones, aunque sólo 538.500 irlandeses practican un uso diario (contando los que lo usan principalmente en el sistema educativo) , y algo más de 72.000 el usan el irlandés diariamente fuera del sistema educativo.

 

Conocimiento de lenguas extranjeras

 

El conocimiento de lenguas extranjeras en la Unión Europea varía de forma considerable de un país a otro. Las cinco lenguas secundarias son: el inglés, el alemán, el francés, el español y el ruso, seguidas por el italiano. En la siguiente tabla, las casillas en azul denotan que la lengua es oficial o cooficial en el país mientras que el azul oscuro quiere decir que es la principal lengua hablada en el país.

 

 

 

Lenguas no oficiales y lenguas semioficiales

 

De acuerdo con el Euromosaic study, algunas lenguas regionales o idiomas minoritaros que se hablan en la UE no tienen reconocimiento oficial en la misma. Algunos de ellos pueden tener un estatus oficial en el Estado miembro y contar con muchos hablantes, más que algunos de los idiomas oficiales menos utilizados.

 

En la lista, las lenguas construidas, o lo que los Estados miembros consideren como simples dialectos de una lengua oficial de los Estados miembros no están incluidos. Cabe señalar que muchos de estos dialectos supuestos son ampliamente vistas por los lingüistas como idiomas separados. Estos incluyen escoceses- el idioma germánico descendiente de Antiguo Inglés, no la lengua celta, el gaélico escocés- y en el lenguas romances que se habla en Italia, por ejemplo, lombardo, ligur, piamontés, sardo, véneto, napolitano y siciliano.

 

Lenguas con reconocimiento autonómico en España

 

Las lenguas cooficiales junto al castellano en algunas comunidades autónomas de España son catalán, gallego y vasco. La 667ª reunión del Consejo de la Unión Europea en Luxemburgo el 13 de junio de 2005, decidió autorizar un uso limitado a nivel europeo de las lenguas reconocidas por los Estados miembros distintas de los idiomas oficiales de trabajo. El Consejo otorgó el reconocimiento a "idiomas distintos de los idiomas mencionados en el Reglamento no 1/1958 que estén reconocidas por la Constitución de un Estado miembro en todo o parte de su territorio o cuyo uso está autorizado por ley". El uso oficial de estas lenguas sería autorizado sobre la base de un acuerdo administrativo celebrado entre el Consejo y el Estado miembro requirente.

 

Aunque el vasco, el catalán, y el gallego no son oficiales en toda España, sino cooficiales en sus respectivas regiones, de conformidad con la Constitución española, tienen derecho a beneficiarse de su uso oficial en las instituciones de la UE en los términos de la resolución del Consejo de la Unión Europea del 13 de junio de 2005. El gobierno español accedió a las disposiciones en materia de idiomas.

 

El estado del catalán, hablado por más de 9 millones de ciudadanos de la UE (1,8% del total), ha sido objeto de debate en particular. El 11 de diciembre de 1990, el uso del catalán fue objeto de una Resolución del Parlamento Europeo (Resolución A3-169/90 de idiomas y la situación del catalán [OJ-C19, 28 de enero, 1991]).

 

El 16 de noviembre de 2005, el presidente, Peter Straub, del Comité de las Regiones firmó un acuerdo con el embajador español en la UE, Carlos Bastarreche Sagües, que aprobaba el uso de las lenguas regionales españolas en una institución de la UE por primera vez en una reunión sobre ese día, con servicios de interpretación por intérpretes de la Comisión Europea.

 

El 3 de julio de 2006, la Oficina del Parlamento Europeo aprobó una propuesta por parte del Estado español para que los ciudadanos pudieran hacer frente al Parlamento Europeo, en vasco, catalán y gallego, dos meses después de su rechazo inicial.

 

El 30 de noviembre de 2006, el Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, y el embajador español en la UE, Carlos Bastarreche, firmaron un acuerdo en Bruselas para permitir a los ciudadanos españoles dirigir sus quejas al Defensor del Pueblo en vasco, catalán y gallego, los tres idiomas cooficiales en España. Según el acuerdo, un organismo de traducción, que se crearía y financiaría por el gobierno español, sería el responsable de la traducción de las quejas presentadas en estas lenguas. A su vez, se traducirían las decisiones del Defensor del Pueblo, del español al idioma del demandante.

 

Lenguas minoritarias en el Reino Unido

 

En respuesta a una pregunta parlamentaria escrita y presentada después de la resolución del 13 de junio 2005, sobre el uso oficial de las lenguas regionales, el Ministro del Reino Unido para Europa, Douglas Alexander, declaró el 29 de junio de 2005, que "El Gobierno no tiene planes para hacer similares disposiciones para las lenguas del Reino Unido."

 

En 2008 se aprobó el estatus como lenguas semi-oficiales del galés y el gaélico escocés.

 

Luxemburgués y turco

 

Luxemburgués (Luxemburgo) y turco (Chipre) son las dos únicas lenguas nacionales que no son idiomas oficiales de la UE. Ni Luxemburgo, ni Chipre ha utilizado todavía la provisión del 13 de junio de 2005, disposición de resolución de beneficiarse de su uso en las instituciones oficiales de la UE.

 

Romaní

 

Los romaníes (gitanos), suponen más de dos millones de personas en la UE,20 y hablan la lengua romaní, que no es oficial en ningún país de la UE. Por otra parte, los medios de comunicación en romaní y su presencia en instituciones educativas son casi insignificantes.

 

Ruso

Aunque no es una lengua oficial de la Unión Europea, el ruso es ampliamente hablado en algunos de los nuevos estados miembros de la UE que antes formaban parte de la Unión Soviética. El ruso es la lengua materna de alrededor de 1,6 millones de los rusos del Báltico que residen en Letonia, Estonia y Lituania, así como una importante comunidad de alrededor de 3,5 millones en Alemania. El ruso a su vez es también entendido por la mayoría de los letones, estonios y lituanos, ya que, como lengua oficial de la Unión Soviética, era una asignatura obligatoria en esos países durante la época soviética. Sin embargo, desde la caída de la Unión Soviética, la capacidad de hablar ruso ha disminuido con rapidez entre los jóvenes letones étnicos, estonios y lituanos. Es la octava lengua más hablada en la UE y el 7% de todos los ciudadanos de la UE hablan o entienden el ruso, en cierta medida.

 

Lenguas Sami

En Finlandia las lenguas sami: Sami septentrional (2.000 hablantes), Sami skolt (400) y Sami inari (300) tienen reconocimiento local limitado en ciertos municipios de la Laponia finlandesa. Por otra parte, la legislación concerniente específicamente a los sami debe ser traducida a estos idiomas, pese a que el bilingüismo con el finlandés es universal.

 

Los tres idiomas Sami se hablan en Suecia, aunque el "idioma sami" (no diferenciado) es reconocido como un oficial de lenguas minoritarias de Suecia, y es co-oficial con el sueco en cuatro municipios de la Provincia de Norrbotten (Laponia sueca).

 

Latín

Durante varios siglos, el latín fue la lingua franca a efectos administrativos y académicos en una gran parte de lo que hoy es la Unión Europea. Por lo tanto, varias instituciones utilizan el latín en sus logotipos y nombres de dominio, en vez de anotar sus nombres en todas las lenguas oficiales. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Justicia tiene su sitio web en http://curia.europa.eu/. El Tribunal de Cuentas utiliza Curia Rationum en su logotipo. El Consejo de la Unión Europea tiene su sitio web en http://www.consilium.europa.eu/ y su logotipo muestra Consilium. El lema de la Unión Europea tiene una versión en latín desde una etapa temprana de la concepción: "En varietate concordia". En el marco del Reglamento de la Societas europaea, las empresas pueden ser incorporadas como Societas Europaea (del latín "sociedad europea", a menudo abreviado como S.E. después del nombre propio adecuado de la empresa).

 

El presupuesto de la Unión Europea

 

El presupuesto anual de la UE asciende a 142.000 millones de euros (cifras de 2014), una suma elevada en términos absolutos, pero que apenas representa el 1% de la riqueza que generan al año las economías de la UE.

 

Al contrario que la mayoría de los presupuestos nacionales de los países de la UE, el presupuesto de la UE cubre un periodo más largo: de cinco a siete años. Dentro de ese periodo, el marco financiero plurianual françaisDeutschEnglish, los gobiernos de la UE y el Parlamento Europeo restringen el gasto anual de la UE en varios ámbitos (rúbricas o líneas presupuestarias).

 

El dinero del presupuesto se gasta cuando tiene más sentido poner los recursos en común que actuar individualmente: por ejemplo, para construir mejores conexiones de transporte, energía y comunicaciones entre países miembros, mejorar el medio ambiente en todo el continente, aumentar la competitividad mundial de la economía europea y ayudar a los científicos e investigadores europeos a unir sus fuerzas más allá de las fronteras, por el bien de toda Europa.

 

El presupuesto de la UE en cifras

 

La decisión se toma en un proceso democrático. La UE adopta un presupuesto cada año, dentro de los límites del marco presupuestario de siete años (marco financiero plurianual françaisDeutschEnglish): La Comisión Europea propone un presupuesto para el año siguiente que incluye todas las políticas y programas.  Los gobiernos de la UE, a través del Consejo de la UE, y los diputados al Parlamento Europeo aprueban la propuesta, que se convierte en el presupuesto del año siguiente.

 

Una vez gastado el dinero, la Comisión debe informar al Parlamento Europeo de cómo se ha gastado. El gasto también se somete a la supervisión del Tribunal de Cuentas Europeo. La mayor parte del presupuesto de la UE sirve para apoyar el crecimiento y el empleo. Una proporción significativa se destina a la agricultura y el desarrollo rural.

 

Principales capítulos de gasto

 

El presupuesto de la UE financia la investigación y la innovación

 

El 44,9%, destinado al crecimiento inteligente e integrador en la UE, se reparte del siguiente modo: un 33,3% a ayudar a las regiones menos desarrolladas de Europa y a las clases sociales más desfavorecidas, un 11,6% a aumentar la competitividad de las empresas europeas. El 41,6% se destina a la producción de alimentos fiables y seguros, la innovación en la agricultura y la utilización eficaz y sostenible de tierras y bosques.

 

Dentro de la UE

 

Ejemplos de programas y sus presupuestos en 2014:

 

-Horizonte 2020 English – programa de investigación e innovación (9.000 millones de euros)

-Iniciativa sobre Empleo Juvenil (3.400 millones de euros)

-COSME English (en) – programa para las pequeñas empresas (275,3 millones de euros)

-Mecanismo "Conectar Europa" English – transporte, energía y redes digitales (1.900 millones de euros)

-Erasmus+ – educación, formación, juventud y deporte (1.600 millones de euros)

-LIFE English – programa de medio ambiente (404,6 millones de euros)

 

Fuera de la UE

 

Como corresponde a su papel de protagonista en la escena mundial, la UE tiene una serie de obligaciones: fomentar el desarrollo económico y social, mantener la paz y ayudar a las poblaciones afectadas por catástrofes naturales y conflictos.

 

La ayuda del presupuesto de la UE a países terceros se reparte en tres grupos principales: una serie de países en desarrollo con los que algunos países de la UE tienen estrechos lazos históricos (sobre todo África, el Caribe y el Pacífico), países vecinos de Europa oriental, el norte de África y Oriente Medio, países que se preparan para la adhesión a la UE (candidatos o candidatos potenciales Deutsch (de) English (en) français (fr) ).

Ejemplos de programas en 2014:

 

-Instrumento de Cooperación al Desarrollo  (2.300 millones de euros)

-Instrumento Europeo de Vecindad  (2.200 millones de euros)

-Instrumento de Ayuda Preadhesión  (1.600 millones de euros)

 

Aproximadamente el 94% del presupuesto se destina a financiar actividades sobre el terreno en los países de la UE y fuera de ella. Cada uno de los 508 millones de europeos se beneficia de una manera o de otra del presupuesto de la UE: millones de estudiantes, miles de investigadores, ciudades, regiones, ONG, etc.

 

Cerca del 6% del presupuesto. Esta cifra incluye los gastos administrativos de todas las instituciones (sobre todo la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE) y la traducción e interpretación, que permiten transmitir información en todas las lenguas oficiales de la UE.

 

Recientemente, la institución de mayor tamaño, la Comisión, ha reducido su personal en un 1% y ha aumentado la jornada laboral. Estas medidas forman parte de un paquete de reformas con las que se espera ahorrar 8.000 millones de euros para 2020, cuando habrá disminuido su personal en un 5%.

 

Ayuda Humanitaria

 

La Unión Europea es el principal proveedor de ayuda humanitaria en todo el mundo. Esta ayuda, en forma de financiación, suministro de bienes, servicios o asistencia técnica, tiene por objeto ayudar a preparar y hacer frente en condiciones de emergencia a las crisis que afectan seriamente a la población en el exterior de la Unión, tanto si se trata de desastres naturales o de origen humano, como de crisis estructurales.

 

La actuación de la Unión se basa en los principios humanitarios fundamentales de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, y consta de tres instrumentos: la ayuda de emergencia, la ayuda alimentaria y la ayuda a los refugiados y a las personas desplazadas. El servicio ECHO coordina esta acción y coopera estrechamente con los organismos socios que aplican la ayuda in situ, en particular las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales.

 

Desde 1992, la UE mantiene un prolongado compromiso de asistencia a las víctimas de emergencias en todo el mundo, que le ha llevado a prestar ayuda humanitaria en más de 140 países. Su objetivo es auxiliar a las personas afectadas por conflictos humanos o catástrofes naturales, con independencia de su nacionalidad, religión, sexo u origen étnico. Este amplio abanico de actividades da muestra de la proliferación de crisis graves a escala mundial y del compromiso asumido por la UE para liderar las tareas de asistencia a las víctimas.

 

Desde 2010, la Comisión Europea desarrolla un mecanismo europeo más robusto y eficaz para dar respuesta a las catástrofes dentro y fuera de la UE. La ayuda humanitaria y la protección que presta están ahora integradas en una única organización, lo que mejora considerablemente su eficacia y hace que sean más complementarias.

 

El mecanismo de protección civil de la UE funciona en colaboración con la ayuda humanitaria europea para satisfacer las necesidades surgidas como consecuencia de un conflicto o una catástrofe. Así, por ejemplo, cuando el tifón Haiyan françaisEnglish asoló las Filipinas en 2013, la Comisión y los países de la UE combinaron sus recursos financieros y materiales para proporcionar ayuda humanitaria a la población afectada.

La UE está presente en las principales zonas de crisis del mundo como Siria, Sudán del Sur françaisEnglish o la República Centroafricana françaisEnglish y en países donde impera la inestabilidad tras el conflicto como Costa de Marfil. Su cometido es ayudar a salvar vidas, reducir el sufrimiento y proteger la integridad y la dignidad de los afectados.

 

En los últimos años, el presupuesto anual para operaciones humanitarias ha rondado los 1.000 millones de euros (es decir, algo más más de 2 euros por cada ciudadano de la UE). A pesar de lo limitado del presupuesto, cada año la ayuda humanitaria de la UE llega a 120 millones de personas necesitadas.

Actividades

 

Las operaciones de auxilio que financia la UE están organizadas por la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO). La UE no proporciona ayuda humanitaria directamente, sino que financia y coordina a las más de 200 organizaciones colaboradoras (ONG, organismos internacionales, agencias de Naciones Unidas) que trabajan sobre el terreno en todo el mundo.

 

Los fondos de la UE se destinan a:

 

-artículos básicos (alimentos, refugios y suministros médicos)

-la creación de capacidades de resistencia y la reducción del riesgo de desastres

-equipos médicos

-expertos en retirada de minas

-transportes

-apoyo logístico.

 

La ayuda de emergencia se presta donde resulta necesaria: sobre el terreno en las zonas de crisis o en los lugares de acogida de refugiados o desplazados.

Estrategia de salida y retirada

 

En la mayoría de los casos, el auxilio en caso de catástrofe y la ayuda de emergencia son intervenciones a corto plazo. Las operaciones financiadas por la UE suelen durar hasta 12 meses. Ahora bien, cuando finaliza la ayuda humanitaria, las personas afectadas deben poder afrontar la situación por sí mismas o recibir otra forma de ayuda al desarrollo a más largo plazo.

 

Para reducir el riesgo de que se interrumpa la ayuda de forma prematura, la UE insta a sus socios sobre el terreno a que incluyan una estrategia de salida en todos los proyectos. Por lo general, se trata de traspasar los servicios prestados a una entidad local o garantizar el relevo por parte de otras estructuras de ayuda.

Voluntarios de ayuda humanitaria de la UE

 

Para poder hacer frente a las crisis de manera más eficaz, el programa de Voluntarios de ayuda humanitaria de la UE (2014-2020) hace posible la participación de unos 18.000 ciudadanos europeos en proyectos financiados por la UE en todo el mundo. Cuando finalice el programa, unas 4.000 personas habrán recibido formación para poder colaborar en el despliegue de organizaciones humanitarias en países afectados por catástrofes.

 

Las acciones de formación y desarrollo de capacidades tendrán como beneficiarios a 4.000 voluntarios y miembros del personal de las ONG. A esto se sumarán 10.000 "cibervoluntarios" que prestarán apoyo a los proyectos desde sus países a través de internet.

Protección civil

 

La Comisión Europea desempeña un papel clave en la coordinación de las respuestas a las crisis en Europa y en todo el mundo a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE. El corazón operativo del mecanismo es el Centro de Coordinación de la Reacción Urgente English (CCRU), creado en 2013 para hacer un seguimiento continuo de las crisis reales y potenciales.

 

El Centro coordina la comunicación entre el país afectado, los expertos sobre el terreno y los 32 países participantes (los 28 países de la UE, Islandia, Liechtenstein, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Noruega). Las ofertas de ayuda de los participantes se adaptan a las necesidades del país afectado por la catástrofe.

 

Durante el periodo 2010-2013, el Mecanismo de Protección Civil de la UE intervino en más de 80 emergencias, entre las que destacan:

 

-la triple catástrofe de Japón (2011)

-la guerra civil en Siria

-los incendios forestales en el sur de Europa y los Balcanes

-las inundaciones en Europa Central.

 

 

La nueva legislación sobre protección civil, en vigor desde enero de 2014, refuerza el marco de cooperación en materia de prevención de catástrofes, evaluación del riesgo, preparación y planificación. Esto incluye una intensificación de la formación y los ejercicios conjuntos de los equipos europeos de protección civil. Además, crea una reserva común voluntaria de capacidades y expertos de los países de la UE.

Cooperación reforzada

 

La cooperación reforzada permite una colaboración más estrecha entre los países de la Unión que deseen seguir profundizando en la construcción europea, respetando el marco jurídico de la Unión. De este modo, los Estados miembros interesados pueden progresar según ritmos u objetivos diferentes. No obstante, la cooperación reforzada no permite ampliar las competencias previstas por los Tratados ni puede aplicarse a ámbitos que sean competencia exclusiva de la Unión. Además, solo puede iniciarse como último recurso, en caso de que haya quedado sentado en el seno del Consejo que los objetivos asignados no pueden ser alcanzados por el conjunto de la Unión en un plazo razonable.

 

Las cooperaciones reforzadas son organizadas por los Estados miembros en el marco de las políticas europeas. Permiten a los Estados participantes organizar una cooperación más amplia a la inicialmente prevista por los tratados en la política en cuestión. Las cooperaciones reforzadas se efectúan en el marco de la Unión Europea, mediante las instituciones y los procedimientos europeos. De este modo, las cooperaciones reforzadas pretenden acelerar la construcción europea en los Estados miembros más ambiciosos. No obstante, se deja la puerta abierta al resto de Estados miembros que quieran unirse a ellos posteriormente. Las cooperaciones reforzadas pueden organizarse en el marco de todas las políticas europeas, excepto en aquellas en las que la UE posee competencias exclusivas.

 

El Tratado de la Unión Europea (título IV) establece el régimen general de la cooperación reforzada. En principio debe participar en ella un mínimo de nueve Estados, aunque se mantiene abierta a la posterior participación de cualquier otro Estado. La participación tampoco debe constituir una discriminación entre dichos Estados participantes y el resto. Los actos adoptados en el marco de dicha cooperación únicamente tienen carácter vinculante para los Estados miembros participantes y no se consideran parte del acervo. La finalidad de la cooperación reforzada consiste en impulsar los objetivos de la Unión, proteger sus intereses y reforzar su proceso de integración.

 

Además del régimen general, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (título III) también establece regímenes especiales. Tras la aprobación de una propuesta de la Comisión por el Parlamento Europeo, el Consejo autoriza la solicitud de los Estados miembros de iniciar una cooperación reforzada. Las decisiones por las que se autoriza la cooperación en el campo de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) son adoptadas por unanimidad por el Consejo, tras estudiar los dictámenes de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y de la Comisión. Se realiza una votación únicamente entre los miembros del Consejo que representan a los Estados miembros que participan en la cooperación reforzada. Debe notificarse al Consejo y a la Comisión la participación en cualquier cooperación reforzada que ya se encuentre en curso; además, para cualquier cuestión relacionada con la PESC, también debe enviarse notificación a la Alta Representante. Aparte de decisiones relativas a cuestiones militares y a la política de defensa, el Consejo puede, en determinadas circunstancias, adoptar por unanimidad decisiones por mayoría cualificada o siguiendo el procedimiento legislativo ordinario.

 

El Tratado de Ámsterdam introdujo el concepto de «cooperación reforzada» en el Tratado de la UE para la cooperación judicial en materia penal y en el Tratado de la CE. El Tratado de Niza introdujo cambios importantes dirigidos a simplificar el mecanismo, a saber: un Estado miembro ya no puede impedir que se establezca una cooperación reforzada, como disponía inicialmente el Tratado de Ámsterdam. Para mejorar en mayor medida la cooperación y darle más sentido, el Tratado de Lisboa introdujo cambios adicionales relacionados principalmente con el procedimiento de iniciación de una cooperación reforzada, así como con la toma de decisiones en el marco de dicha cooperación.

 

Principios Generales

 

Las cooperaciones reforzadas deben reforzar el proceso de integración de la Unión y no deben afectar en modo alguno ni al mercado interior ni a la cohesión económica y social de la Unión. El Tratado de Lisboa fija en nueve Estados miembros el umbral mínimo para establecer una cooperación reforzada.

 

Las cooperaciones reforzadas estén abiertas a todos los Estados miembros en el momento en que se establezcan. También lo estarán en cualquier momento, siempre que el Estado miembro de que se trate respete las decisiones tomadas en el marco de la cooperación reforzada. La Comisión y los Estados miembros procurarán fomentar la participación del mayor número posible de Estados miembros.

 

Los actos adoptados en el marco de una cooperación reforzada no formarán parte del acervo de la Unión. Únicamente serán aplicados en los Estados miembros que participen en ella.

 

El Consejo y la Comisión velarán por la coherencia de las acciones emprendidas en el marco de una cooperación reforzada con las demás políticas y acciones de la Unión.

 

El Tratado de Lisboa permite la aplicación de las «cláusulas pasarela» en las cooperaciones reforzadas, excepto en las decisiones que tengan implicaciones militares o en el ámbito de la Defensa. Estas cláusulas pasarela permiten pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada o de un procedimiento legislativo al procedimiento legislativo ordinario.

 

Procedimiento de activación de las Cooperaciones Reforzadas

 

Este procedimiento afecta a todas las cooperaciones reforzadas, con excepción de las establecidas en el marco de la política exterior y de seguridad común.

 

Los Estados miembros que se propongan establecer una cooperación reforzada dirigirán su solicitud a la Comisión que presentará una propuesta al Consejo. Tras la autorización del Parlamento, el Consejo podrá autorizar la creación de la cooperación reforzada.

 

Un Estado miembro que quiera unirse a una cooperación reforzada en curso, deberá presentar una solicitud a la Comisión y al Consejo. En primer lugar, la Comisión decidirá si autoriza o no al Estado miembro a unirse a la cooperación reforzada. En caso de rechazo reiterado de la Comisión, el Estado miembro podrá recurrir al Consejo para que se pronuncie sobre su solicitud.

 

Procedimiento específico aplicable a la política exterior y de seguridad común (PESC)

 

De forma contraria al procedimiento general, las cooperaciones reforzadas en el ámbito de la PESC no son objeto de propuestas por parte de la Comisión ni de aprobaciones por parte del Parlamento Europeo. Se decide la creación de tales cooperaciones fundamentalmente en el Consejo. Éste autoriza o no la cooperación reforzada solicitada por los Estados miembros interesados. Se aprueba por unanimidad. Además, la Comisión y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad deben emitir un dictamen. El Parlamento Europeo solamente es informado de la solicitud.

 

Las Cooperaciones Reforzadas aplicables en materia de defensa

 

El Tratado de Lisboa ha creado tres tipos de cooperación específica en materia de Defensa.

 

Los Estados miembros que quieran, pueden establecer una cooperación reforzada estructurada permanente. Por tanto, se comprometen a participar en programas europeos de equipamiento militar y a suministrar unidades de combate en las misiones emprendidas en el ámbito de la UE. El procedimiento en este ámbito es muy flexible; no se requiere ningún umbral mínimo de Estado miembro y la cooperación estructurada permanente es autorizada por el Consejo por mayoría cualificada.

 

Los Estados miembros también pueden participar en determinadas misiones relacionadas con la Política Europea de Seguridad y Defensa. Estas misiones son las previstas en el artículo 43 del Tratado de la UE. Se trata, por ejemplo, de las misiones humanitarias o del mantenimiento de la paz. Tales operaciones entre Estados miembros deben ser objeto de una decisión del Consejo adoptada por unanimidad.

 

Por último, la nueva Agencia Europea de Defensa proporciona un marco de cooperación a los Estados miembros que quieren mejorar su capacidad militar. Dicha agencia está abierta a todos los Estados miembros que quieran participar en ella.

 

Cláusulas de acelerador en materia penal y policial

 

El Tratado de Lisboa facilita el recurso a las cooperaciones reforzadas en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal. El procedimiento de activación se flexibiliza cuando un Estado miembro utiliza «cláusula de freno» para oponerse a la adopción del acto legislativo en este ámbito. En tal caso, se crea una cooperación reforzada de oficio basada en el proyecto legislativo implicado si participan en él al menos nueve Estados miembros. Dicha cláusula, denominada de «acelerador», compensa, de este modo, la cláusula de «freno».

 

Por otra parte, se establecen otras dos cláusulas de acelerador para la creación de una fiscalía europea y la cooperación policial. En ambos casos, para crear una cooperación reforzada, deben participar al menos nueve Estados miembros. Por tanto, dicha cooperación no necesita la propuesta de la Comisión ni la votación del Consejo.

Derechos Humanos

 

El respeto de los derechos humanos y la dignidad, así como los principios de libertad, democracia, igualdad y Estado de Derecho son valores comunes a todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE). Estos valores también guían la actuación de la Unión tanto dentro como fuera de sus fronteras. La acción europea en este ámbito se basa en el Tratado constitutivo de la Unión Europea. La Carta de los Derechos Fundamentales, aneja a los Tratados, define más en profundidad los derechos fundamentales aplicables a nivel de la Unión.

 

Dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos son valores consagrados en los Tratados de la UE desde el principio, que ahora se han visto reforzados con la Carta de los Derechos Fundamentales.

 

Los países que componen la UE y los que deseen incorporarse a ella deben respetar los derechos humanos. También deben hacerlo los países que celebren acuerdos comerciales o de cooperación con la UE.

 

Balanza con dos cestas semicirculares llenas de gente que representan las dos mitades del globo terráqueo. Los derechos humanos son universales.

 

A través de su política de derechos humanos, la UE: defiende los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales trata de promover los derechos de las mujeres, los niños, las minorías y las personas desplazadas se opone a la pena de muerte, la tortura, la trata de seres humanos y la discriminación se compromete a defender el carácter universal e indivisible de los derechos humanos, colaborando estrecha y activamente con los países asociados, las organizaciones internacionales y regionales y la sociedad civil.

 

Los derechos humanos no discriminan

 

El marco estratégico y el plan de acción sobre derechos humanos y democracia de 2012 se concibieron con el objetivo de aumentar la eficacia y la coherencia de la política de derechos humanos de la UE en su conjunto. También en 2012, Stavros Lambrinidis fue nombrado primer Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, con el cometido de aumentar la eficacia y la visibilidad de la política exterior de derechos humanos de la Unión.

 

 

Informes anuales

 

La UE publica un informe anual sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales y el ejercicio de los derechos humanos y la democracia en el mundo. Este informe evalúa la labor de la UE en el ámbito de los derechos humanos.

 

En la UE, el sistema constitucional de cada uno de sus países miembros garantiza los derechos fundamentales a escala nacional y la Carta de los Derechos Fundamentales (adoptada en 2000 y vinculante para los países de la UE desde 2009), a escala de la UE. Una vez que hayan acudido a los tribunales nacionales, los particulares pueden llevar su caso, en última instancia, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

 

Todas las instituciones de la UE —la Comisión, el Parlamento y el Consejo— desempeñan un papel en la protección de los derechos humanos. Cuentan con la ayuda de la Agencia de los Derechos Fundamentales, que determina y analiza las principales tendencias en el ámbito de los derechos fundamentales.

 

La Carta reúne en un único instrumento los derechos fundamentales que son vinculantes para las instituciones y organismos de la UE. También son vinculantes para los gobiernos nacionales, pero solo cuando estén aplicando la legislación de la UE.

 

Promover los derechos humanos en todo el mundo

 

Niños sentados delante de un vehículo de una ONG. La labor de la UE en el campo de los derechos humanos contribuye a la reducción de la pobreza y la prevención de conflictos. La defensa de los derechos humanos es fundamental para reducir la pobreza y prevenir y resolver conflictos. De ahí que esta cuestión ocupe un lugar preferente en las relaciones de la UE con otros países y regiones.

 

Todos los acuerdos comerciales o de cooperación con países no miembros de la UE contienen una cláusula que estipula que los derechos humanos constituyen un elemento esencial de las relaciones. En la actualidad existen más de 120 acuerdos de este tipo. La UE ha impuesto sanciones por vulnerar los derechos humanos a una serie de países, como Bielorrusia e Irán.

 

La UE también mantiene diálogos sobre derechos humanos con más de 40 países y organizaciones, como Rusia, China o la Unión Africana. A través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), la UE apoya a los grupos de la sociedad civil o los particulares que defienden la democracia y luchan contra la tortura y el racismo. El IEDDH dispone de un presupuesto de 1.100 millones de euros para el periodo 2007-2013.

 

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