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El Tribunal de Justicia

5. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una de las siete instituciones de la UE -artículo 13 del Tratado de la Unión europea-. Tiene competencia sobre la jurisdicción de la Unión Europea y está integrado por tres órganos jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia propiamente dicho, el Tribunal General y el Tribunal de la Función Pública. Estos tres órganos garantizan la buena interpretación y aplicación del Derecho primario y del Derecho derivado de la Unión Europea en su territorio.

 

El Tribunal de Justicia controla la legalidad de los actos de las instituciones de la Unión y el respeto, por parte de los Estados miembros, de las obligaciones del Derecho primario y del Derecho derivado. Asimismo, interpreta el Derecho de la Unión a petición de los jueces nacionales y garantiza el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados.

 

Fundamentos jurídicos

 

Artículo 19 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y artículos 251 a 281 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); artículo 136 del Tratado Euratom; Protocolo nº 3, anejo a los Tratados, sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el Estatuto»);

determinados acuerdos internacionales; la institución se financia a partir del presupuesto de la UE, en el que tiene una sección propia.

 

 

 

 

Composición y Estatuto

 

-Número de miembros (artículo 19 del TUE y artículo 252 del TFUE). Un Juez por Estado miembro. El Tribunal está asistido por ocho Abogados Generales, cuyo número puede ser aumentado por el Consejo si el Tribunal de Justicia lo solicita.

 

-Requisitos (artículo 253 del TFUE y artículo 19 del TUE) los Jueces y los Abogados Generales deben reunir las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos países, de las más altas funciones jurisdiccionales o ser jurisconsultos de reconocida competencia; asimismo, deben ofrecer absolutas garantías de independencia.

 

-Procedimiento de designación (artículo 253 del TFUE). Los Jueces y los Abogados Generales son designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros.

 

Características del mandato

 

-Duración (artículo 253 del TFUE y Estatuto). Seis años. Renovación parcial cada tres años: renovación de catorce y trece Jueces, alternativamente,

renovación de la mitad de los Abogados Generales cada vez. Los Jueces y los Abogados Generales salientes pueden ser designados de nuevo.

 

-Privilegios e inmunidades (Estatuto). Los Jueces y los Abogados Generales gozan de inmunidad de jurisdicción. Después de haber cesado en sus funciones, continúan gozando de inmunidad respecto de los actos realizados por ellos con carácter oficial. Solo pueden ser relevados de sus funciones por decisión unánime del Tribunal.

 

-Obligaciones (Estatuto). Jueces y Abogados Generales: deben prestar juramento (independencia, imparcialidad y mantenimiento del secreto de las deliberaciones) antes de entrar en funciones; no podrán ejercer ninguna función política o administrativa ni ninguna actividad profesional; se comprometen a respetar las obligaciones derivadas de su cargo.

 

Presidente

Vassilios Skouris

 

 

Organización y funcionamiento

 

-Organización interna. Los Jueces eligen de entre ellos al Presidente del Tribunal por un período renovable de tres años. El Tribunal nombra a su Secretario.

 

Funcionamiento

 

El Tribunal de Justicia establece su Reglamento de Procedimiento, que requiere la aprobación del Consejo por mayoría cualificada. El Tribunal actúa en salas (de tres o cinco Jueces), en Gran Sala (quince Jueces) o en Pleno (estas diversas formaciones fueron introducidas por el Tratado de Niza.

 

Resultados

 

El Tribunal de Justicia ha demostrado ser un importantísimo factor —algunos incluso dirían que una fuerza impulsora— de la integración europea.

 

En general. La sentencia de 15 de julio de 1964, en el asunto Costa/ENEL, fue fundamental para definir la legislación de la UE como un ordenamiento jurídico independiente con prelación sobre las disposiciones jurídicas nacionales. De forma similar, la sentencia de 5 de febrero de 1963, en el asunto Van Gend & Loos, estableció el principio de que la legislación de la UE era directamente aplicable en los tribunales de los Estados miembros.

 

 

 

 

Otras decisiones importantes son las relativas a la protección de los derechos humanos, como la sentencia de 14 de mayo de 1974, en el asunto Nold, en la que el Tribunal afirmó, entre otras cosas, que los derechos fundamentales forman parte integrante de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza (2.1.2).

 

En materias específicas. Derecho de establecimiento: sentencia de 8 de abril de 1976, en el asunto Royer, en la que el Tribunal confirmó el derecho de los nacionales de un Estado miembro a residir en el territorio de otro, con independencia del permiso de residencia que pueda concederles el país de acogida. Libre circulación de mercancías: sentencia de 20 de febrero de 1979, en el asunto Cassis de Dijon, en la que el Tribunal estableció que todo producto legalmente fabricado y comercializado en un Estado miembro debe ser, en principio, admitido en el mercado de cualquier otro Estado miembro. Competencias exteriores de la Unión: sentencia AETR de 31 de marzo de 1971, en el asunto Comisión/Consejo, en la que reconoció a la Comunidad la competencia para concluir acuerdos internacionales en los ámbitos que son objeto de normas comunitarias. Más recientemente, sentencias en las que se establece la obligación de reparación del perjuicio causado por parte de los Estados miembros que no hayan incorporado una directiva al Derecho nacional o que no lo hayan hecho a tiempo.

 

-Diversas sentencias en materia de seguridad social y de competencia.

Jurisprudencia en relación con infracciones del Derecho de la UE cometidas por los Estados miembros, actividad que es indispensable para el buen funcionamiento del mercado común. Uno de los principales méritos del Tribunal ha sido enunciar el principio de que los Tratados de la Unión no deben interpretarse de manera rígida, sino que deben considerarse a la luz del estado de integración y de los objetivos establecidos por los propios Tratados. Este principio ha permitido a la Unión legislar en determinados ámbitos que no son objeto de disposiciones concretas en los Tratados, por ejemplo, el de la lucha contra la contaminación (sentencia de 13 de septiembre de 2005, asunto C-176/03: el Tribunal permitió a la Comunidad Europea adoptar normas en el ámbito penal cuando las estimara «necesarias» para alcanzar el objetivo perseguido en materia de protección medioambiental).

 

El Tribunal de Justicia

 

Artículo 19 TUE. El Tribunal de Justicia está compuesto por tantos jueces como Estados miembros de la Unión Europea, y está asimismo asistido por ocho abogados generales, un secretario y varios asistentes. El Tribunal puede actuar en Pleno (con la totalidad de los jueces), y en Gran Sala (trece jueces). También pueden constituirse Salas de tres o cinco jueces que habrán de actuar en algunas diligencias de instrucción, así como conocer de una serie de categorías de asuntos, tal como indique el Reglamento de Procedimiento. Es el propio Tribunal el que fija las competencias de cada Sala, además de la adscripción de los jueces a éstas. El Diario Oficial de la Unión Europea, también conocido como DOUE, deberá reflejar la composición de las Salas. Finalmente, además de en salas y en Pleno, también podrán reunirse en Gran Sala.

 

El Tribunal General

 

Fundamentos jurídicos. Artículos 254 a 257 del TFUE, artículo 40 del Tratado Euratom y título IV del Protocolo nº 3, anejo a los Tratados, sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

 

Composición y Estatuto (artículo 254 del TFUE) Número (artículo 19 del TUE). Un Juez por Estado miembro como mínimo. Los Jueces podrán ser llamados a desempeñar las funciones de abogado general.

 

-Requisitos. Idénticas a las del Tribunal de Justicia (artículo 19 del TUE).

 

-Procedimiento de designación. Idéntica al del Tribunal de Justicia.

 

-Características del mandato. Idénticas a las del Tribunal de Justicia

 

-Organización y funcionamiento. Idéntica al del Tribunal de Justicia.

 

 

Funcionamiento

 

De acuerdo con el Tribunal de Justicia, el Tribunal General establece su Reglamento de Procedimiento, que requiere la aprobación del Consejo. El Tribunal General examina sus asuntos en salas compuestas por tres o cinco Jueces. Su Reglamento de Procedimiento determina cuándo actúa en Pleno, en Gran Sala o como órgano unipersonal. Esto último es aplicable, en particular, a los asuntos que afectan a funcionarios de la Unión, a contratos celebrados por esta y a los recursos interpuestos por particulares contra las instituciones, cuando no exista dificultad con respecto a la cuestión de Derecho o de hecho planteada y el asunto revista una importancia limitada.

 

El Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea

 

Con el fin de descargar parte del trabajo del Tribunal General, el artículo 257 del TFUE prevé la posibilidad de crear salas jurisdiccionales competentes para conocer en primera instancia de determinadas categorías de recursos interpuestos «en materias específicas». De conformidad con esta disposición, la Decisión del Consejo 2004/752/CE, Euratom, de 2 de noviembre de 2004, establece un Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea. Según su Reglamento de Procedimiento (25 de julio de 2007, DO L 225 de 29.8.2007, p. 1), a falta de un órgano jurisdiccional nacional competente, le corresponde al Tribunal conocer de los litigios entre las instituciones de la Unión y sus agentes. Contra las resoluciones dictadas por el Tribunal pueden interponerse recursos de casación ante el Tribunal General.

 

Papel del Parlamento Europeo

 

Desde la sentencia dictada en 1990 sobre un asunto interpuesto por el Parlamento en el marco del procedimiento legislativo sobre la adopción de medidas sanitarias tras el accidente nuclear de Chernóbil, el Tribunal ha reconocido al Parlamento Europeo la facultad de presentar ante él recursos de anulación (artículo 263 del TFUE) con el fin de salvaguardar sus prerrogativas en el marco del procedimiento legislativo. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa modificó el procedimiento de designación de candidatos para los puestos de juez y abogado general presentados por los Estados miembros, que se someterá previamente al examen de un comité formado por siete personalidades, una de las cuales será propuesta por el Parlamento Europeo (artículo 255 del TFUE). El Parlamento y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, crean tribunales especializados adjuntos al Tribunal General (artículo 257 del TFUE).

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